-El fiscal invita a la ciudadanía a colaborar con el organismo sin inhibirse por ningún motivo
-Existe la denuncia anónima, y recientemente por internet
POR: Mario Alberto Macías Palma
La ley establece medidas de protección al denunciante de actos que incurren en corrupción por parte de los servidores públicos, por lo que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de Tlaxcala, garantiza a través de una orden de protección la seguridad privada de las personas, aseguró el titular de la dependencia Pedro Sánchez Ortega.
“Cuando la fiscalía advierte probabilidad de un riego en contra de la víctima directa, de un testigo o el denunciante de hechos que puedan ser constitutivos de un delito de corrupción, emite una orden de protección y se recibe todo el apoyo institucional, incluso se puede reservar su identidad en caso necesario”, refirió.
Por ello es que pidió a la ciudadanía no inhibir la denuncia de corruptelas, porque es necesaria la colaboración de la ciudadanía en combate a este flagelo social, y para facilitar el acceso a una investigación, es que se ha puesto a servicio de la gente la denuncia vía internet.
En entrevista con revistaliderazgo.com el fiscal anticorrupción precisó que para que el organismo pueda actuar, es necesaria la denuncia por parte de un ciudadano, sea víctima o testigo, y aunque se puede hacer de manera presencial en la sede de la fiscalía, en calle 29 número 413 de la colonia Loma Xicohténcatl de la ciudad de Tlaxcala, también se puede hacer por escrito o por internet, pues siempre tendrá el mismo proceso de seguimiento.
Además también existe la figura de denuncia anónima si es que la persona que acusa un acto de corrupción tiene alguna precaución, pues el señalamiento para la fiscalía es requisito de procedibilidad para iniciar una investigación que deriva de la Constitución federal y del Código Penal.
Hasta el mes de junio del presente año se registraron 109 denuncias que son carpetas de investigación a las que se les da tramite y seguimiento. De las carpetas de investigación que se encuentran en esta fiscalía, se han judicializado dos por cuenta pública, dos por abuso de autoridad, asimismo dos carpetas se han declarado el no ejercicio de la acción, informó.
El fiscal Pedro Sánchez Ortega aclaró que una vez concluida la investigación, los elementos resultantes se ponen a consideración de la autoridad judicial, en este caso el Tribunal Superior de Justicia del Estado o el Tribunal de Justicia Administrativa, específicamente, para que determine si existe el delito, quien es el responsable y que sanciones le son aplicables.
Revista Liderazgo 