Corriente Crítica del PRI Tlaxcala condena recorte presupuestal «inconstitucional» al INMUJERES

Ante el recorte financiero “auto” infringido al Instituto Nacional de las Mujeres, que afecta de manera directa a los organizamos similares de carácter estatal, la Corriente Crítica del PRI Tlaxcala emitió a través de su presidenta Helena Coca Aguilar, su posicionamiento de condena a dicha acción del gobierno federal.

El cual solicita a los Comités Estatal y al Nacional de su partido hagan suyo, pidiendo a la bancada priista se ejerzan las acciones pertinentes para evitar manoseo inconstitucional a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados respecto de la designación presupuestaria.

Ahora por orden presidencial recortaron el 75 por ciento al presupuesto para gastos operativos del Instituto Nacional de las Mujeres -Inmujeres- lo que representa aproximadamente 151 millones de pesos menos casi 7 millones de dólares.

Helena Coca Aguilar, presidenta de la Corriente Crítica del PRI Tlaxcala

Aseguró Helena Coca que en su oportunidad los gobiernos priistas sustentaron y defendieron como un bastión importante para luchar contra la discriminación y equidad de género, al organismo enfocado a diseñar políticas para la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres

Para el caso de Tlaxcala se ha señalado que la reducción presupuestal afectará directamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de esta manera será el Centro de Justicia para Mujeres el que tendrá una disminución del 8.04 por ciento en el subsidio que recibe.

Esto ataca directamente el desempeño de uno de los organismos que lucha por atender a mujeres, niñas y personas desprotegidas de abusos y violencia, por consiguiente, afectará los logros que tan difícilmente se pueden establecer en la conducta de la ciudadanía.

Coca Aguilar argumentó que los órganos de gobierno no tienen la facultad para “mutilarse” el presupuesto, que debe ser estudiado por las áreas específicas de la Cámara de Diputados designando rubros de actividad al que va destinado lo que comúnmente se conoce como “etiquetado” y que no puede ser modificado ni re direccionado.

Condenó esta orden presidencial que violenta el orden constitucional al modificar decisiones del legislativo, lo que constituye también una responsabilidad administrativa, peor aún que el recurso recortado no dejó de existir, si no que se aplicará discrecionalmente a otro asunto que no necesariamente ha sido autorizado, sino solo consentido por el titular del ejecutivo federal, ocasionando descontrol y daño a las finanzas públicas.

Por ello la Cámara de Diputados debe de intervenir como garante del ejercicio presupuestal a través de la Auditoria Superior de la Federación, dado que el Despacho del Ejecutivo no está exento de ser fiscalizado y sancionado por el desvió de recursos públicos o como el presidente tanto pregona­, por corrupción disfrazada de necesidad.

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